Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad - 25 de Agosto de 2008 - DOF. Diario Oficial de la Federación - Legislación - VLEX 41935219

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

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ACUERDO Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD

En el marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008, los que suscriben, Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, hemos decidido firmar el presente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Al hacerlo, reconocemos que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia.

Muchas personas tienen miedo de transitar por las calles y plazas. La ciudadanía demanda de sus autoridades una respuesta inmediata y contundente que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos.

El Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica debido tanto a la delincuencia común, que agravia cotidianamente a las familias, como al embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras. Superar esta situación no es una tarea fácil ni rápida.

Al mismo tiempo, el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, como problemas desatendidos a lo largo de décadas.

Esto se ha agravado, en muchos casos, debido a la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y a la complicidad de algunas autoridades con los criminales. La delincuencia ha dañado el tejido social y ha encontrado cobijo en familias y comunidades enteras.

El desafío es indiscutible e inaplazable. Es necesario poner alto al crimen y a la inseguridad que se han incrementado a lo largo de los años y minan el desarrollo de las personas y el progreso de nuestra nación. La sociedad exige, con justicia, que sus autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones de seguridad sólidas, eficaces y honestas así como para replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional para poner fin a la impunidad y a la corrupción y hacer frente de manera decidida al crimen en todas sus expresiones.

Por ello, es necesario establecer un acuerdo que incluya la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil.

Un acuerdo que reconozca la integralidad de la Estrategia Nacional en materia de seguridad pública y, como ha sido planteada por la Conferencia Nacional de Gobernadores, que contemple políticas integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis legislativo, control de confianza y de comunicación.

Para ello se debe partir de las siguientes premisas:

  1. La política de seguridad es una política de Estado.

  2. La coordinación, cooperación e intercambio de información entre los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, es condición indispensable para garantizar la seguridad pública.

  3. Cada uno de los poderes y cada uno de los órdenes de gobierno debe ejecutar la parte que le corresponde, en el marco de sus atribuciones, para cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las metas y los tiempos convenidos.

  4. El acuerdo debe sumar de manera fundamental a los ciudadanos, la sociedad civil y a sus

    organizaciones más representativas, incluyendo las sindicales, empresariales y religiosas.

  5. De la misma manera el éxito del acuerdo requiere de la participación responsable de los medios de comunicación para que, en el marco de la libertad de expresión, se promueva la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana, la prevención de adicciones y la transparencia de las acciones de las autoridades.

  6. Cada compromiso particular suscrito por los firmantes del acuerdo deberá hacerse del conocimiento de la sociedad e incluirá mecanismos transparentes de rendición de cuentas, con base en un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación.

  7. Es necesaria la participación de una instancia ciudadana con amplio respaldo público y social, para que dé seguimiento y evalúe el cumplimiento de los acuerdos mediante indicadores de gestión.

  8. El acuerdo debe tener una vigencia de largo alcance que trascienda la temporalidad del encargo de quienes lo suscriben.

    Hoy más que nunca, se debe consolidar la seguridad pública como una política de Estado, que convoque a todos autoridades y sociedad y los vincule en un frente común contra la violencia y la criminalidad. Esa causa debe estar por encima de diferencias políticas, ideológicas o sociales, porque una verdadera solución requiere la suma de todos los esfuerzos. Todos los actores deben ser capaces de subordinar sus intereses particulares a la necesidad urgente de la Nación por recuperar las condiciones de seguridad.

    Al mismo tiempo, resulta impostergable la actuación coordinada entre todas las autoridades, en el marco del federalismo: actuación conjunta que asuma como premisa fundamental la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la plena vigencia del Estado de derecho.

    Durante los últimos meses, se han realizado esfuerzos institucionales conjuntos para poner alto a la acción del crimen organizado. Actualmente, se están tomando medidas para fortalecer la capacidad del Estado y se realiza un esfuerzo para dotar a las fuerzas del orden con tecnología de punta y sistemas de información e inteligencia policial, con el objetivo de garantizar de manera más efectiva la seguridad pública.

    Además, gracias a la reforma constitucional en materia de justicia penal recientemente aprobada, hoy contamos con un nuevo marco normativo propicio para dar un renovado impulso a los procesos de reestructuración de las instituciones de seguridad y justicia.

    Este momento brinda al Estado y a la sociedad la oportunidad de establecer un acuerdo de carácter eminentemente nacional, que incluye una amplia participación y compromiso de todos los actores.

    En él se establecen acciones y metas concretas, tiempos precisos de ejecución, así como responsables para cada uno de los compromisos. Quienes suscriben este documento reconocen que el éxito de este acuerdo exige fortalecer la capacidad financiera del Estado en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, y en consecuencia una redefinición de las prioridades presupuestales. Demanda también un ejercicio mucho más escrupuloso y transparente de los recursos destinados a tal fin en todos los poderes y órdenes de gobierno.

    El acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad, ya que son planteados, entre otros objetivos, desarrollar y complementar el marco normativo en materia de seguridad pública, depurar las policías de los tres órdenes de gobierno y fortalecer los mecanismos de información e inteligencia.

    Parte fundamental de este acuerdo es que la sociedad civil será la que supervise y vigile el cumplimiento de los compromisos establecidos.

    Este acuerdo busca no sólo atender lo coyuntural y lo urgente sino, sobre todo, los problemas estructurales que afectan la seguridad y la procuración e impartición de justicia.

    Los mexicanos, representados en los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, las organizaciones civiles, sociales, empresariales y religiosas y,

    CONSIDERANDO

    Que el crimen organizado y la delincuencia común representan la principal amenaza a la seguridad de los mexicanos, quebrantando y transgrediendo sus derechos y libertades;

    Que ante los agravios y la violencia generada por la delincuencia, exigimos una coordinación y cooperación efectiva entre los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, por encima de cualquier diferencia política o ideológica;

    Que es obligación de las autoridades, de todos los poderes y órdenes, actuar con eficacia, transparencia, plena rendición de cuentas y combatir la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia;

    Que la sociedad reclama legítimamente leyes rigurosas y contundentes en materia de justicia y seguridad pública para el combate al crimen y, en especial, a delitos que lastiman el tejido social como el secuestro;

    Que la participación ciudadana es fundamental para derrotar al crimen organizado y para consolidar instituciones públicas, efectivas y transparentes que rindan cuentas;

    Que la delincuencia es un problema de tal magnitud y complejidad que su solución exige un enfoque integral, de carácter económico con una perspectiva preventiva y social;

    Que sólo mediante el respeto irrestricto a la ley por parte de todos podremos construir un México seguro, en el cual las familias puedan superarse y vivir en paz, hemos decidido unir nuestras fuerzas y suscribir el siguiente:

    ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD

    Primero.- El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado Mexicano y los sectores privado y social, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas en favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos.

    Segundo.- El Poder Ejecutivo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:

    1. Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

      Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza.

      Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a diseñar...

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