Convenio de Colaboración contra la Piratería que celebran la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de Seguridad Pública con la asistencia de la Policía Federal Preventiva; el Instituto Mexicano...

Fecha de disposición30 Noviembre 2006
Fecha de publicación06 Marzo 2007
EmisorPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

CONVENIO de Colaboración contra la Piratería que celebran la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de Seguridad Pública con la asistencia de la Policía Federal Preventiva; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; el Instituto Nacional del Derecho de Autor; diversos representantes del Sector Privado y el Gobierno del Estado de Sinaloa, el 30 de noviembre de 2006.

CONVENIO DE COLABORACION CONTRA LA PIRATERIA QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. DANIEL FRANCISCO CABEZA DE VACA HERNANDEZ; LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JOSE FRANCISCO GIL DIAZ; LA SECRETARIA DE ECONOMIA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. SERGIO A. GARCIA DE ALBA ZEPEDA; LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. REYES S. TAMEZ GUERRA; LA SECRETARIA DE GOBERNACION, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. CARLOS MARIA ABASCAL CARRANZA; LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. EDUARDO MEDINA-MORA ICAZA, ASISTIDO POR EL COMISIONADO DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICIA FEDERAL PREVENTIVA, EL GENERAL DE BRIGADA DEM RET., COMISARIO GENERAL, EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ ADUNA; EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JORGE AMIGO CASTAÑEDA; EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ADOLFO EDUARDO MONTOYA JARQUIN; LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TELEVISION POR CABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE, EL LIC. ALEJANDRO PUENTE CORDOBA; LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE, EL LIC. TONY KURI ALAM; LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RADIO Y TELEVISION, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ALEJANDRO GARCIA GAMBOA Y EL LIC. JOSE ALBERTO SAENZ AZCARRAGA, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, RESPECTIVAMENTE; LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE, EL LIC. JOSE ANGEL QUINTANILLA DACOSTA; LA CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE EL LIC. LEON HALKIN BIDER; TELEVISA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JOAQUIN BALCARCEL SANTA CRUZ, VICEPRESIDENTE JURIDICO Y POR EL LIC. LUIS ALEJANDRO BUSTOS OLIVARES; ASOCIACION MEXICANA PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, A.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE, EL LIC. MANUEL M. SOTO GUTIERREZ; LA ASOCIACION MEXICANA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y VIDEOGRAMAS, A.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL LIC. FERNANDO HERNANDEZ ROMERO; LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA, SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE INTERES PUBLICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO ROBERTO CANTORAL GARCIA; EL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MEXICO, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. GABRIEL ERNESTO LARREA RICHERAND; ALIANZA CONTRA LA PIRATERIA, A.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ROBERTO CASTAÑEDA FRANCO; MOTION PICTURE EXPORT ASSOCIATION OF AMERICA, INC., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL LIC. FRANCISCO GUERRA VAZQUEZ; BSA BUSINESS SOFTWARE ASSOCIATION, INC., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL LIC. KIYOSHI TSURU ALBERU; LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL LIC. CARLOS FRANCISCO ARCE MACIAS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JESUS ALBERTO AGUILAR PADILLA, EN SU CARACTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

La protección al derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial constituye una tarea del más alto interés público que contribuye a consolidar la competitividad del país y que procura mayor productividad en sectores industriales. Su consecución salvaguarda, a su vez, nuestra cultura nacional. Por su naturaleza esa responsabilidad está a cargo del Estado Mexicano. Su mejor resultado requiere del compromiso de la sociedad civil para respetar el derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial.

El derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial son expresiones claras del valor de las ideas y cristalizan la actividad creativa con que se nutre nuestro patrimonio cultural. Su protección eficaz respalda la innovación de nuevos productos y servicios, elemento primordial para medir la competitividad del país.

Por virtud de ello, el derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial constituyen puntos relevantes de las agendas comerciales que México negocia con otros países, dentro del marco de integración comercial del país a mercados globales. El Estado Mexicano ha asumido, en este escenario, compromisos ante foros internacionales como la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como en convenciones internacionales y tratados de libre comercio que confirman su responsabilidad en la tutela del derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial.

La actividad creativa que sustenta la cultura nacional se ha visto afectada por el fenómeno de la piratería, entendiéndose como tal, de manera enunciativa y no limitativa, toda aquella producción, reproducción, comercialización, almacenamiento, transportación, importación, venta, arrendamiento y/o distribución de bienes o productos en contravención a lo previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.

Actualmente, la comisión de ilícitos en agravio del derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial (piratería) constituye una afectación grave al Estado de Derecho cuyos efectos dañan significativamente nuestra planta industrial, lo que resta competitividad al país, fomenta una cultura de ilegalidad y merma nuestra cultura nacional.

La piratería ha afectado la creación de nuevos empleos, puesto en entredicho la perspectiva de desarrollo de sectores estratégicos para el país, limitado el crecimiento y la participación de empresas formales y productivas en el mercado, ocasionado escenarios de competencia desleal al aumentar el comercio de productos ilegales y al disminuir la calidad de productos y servicios e impedido al erario federal la posibilidad de aumentar su recaudación en perjuicio del gasto social, entre otros efectos económicos.

Los ilícitos en cita constituyen el principal obstáculo para que los bienes industriales, comerciales, culturales y del entretenimiento se conviertan en motor para el crecimiento económico. Los altos índices de piratería desalientan la actividad intelectual de nuestros creadores y la inversión para el desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de bienes culturales y del entretenimiento.

El fenómeno de la piratería se ha incrementado en el último año. Sus efectos en perjuicio de nuestra economía y su impacto en agravio de nuestra vida social son evidentes. La sociedad mexicana es, sin duda, la gran víctima de las conductas ilícitas precisadas, pues le dificultan la generación de mejores condiciones de vida, le provocan inseguridad jurídica e incertidumbre a su futuro.

Por lo expuesto, resulta imperante definir una Política de Estado que demande la participación comprometida y decidida del Gobierno y de la sociedad civil para contener de inmediato el avance de la piratería y erradicarla en el corto plazo, al tiempo de garantizar con ello permanencia en la agenda nacional al combate de ilícitos relacionados con ésta.

Con base en las consideraciones que anteceden, se hizo indispensable un Acuerdo Nacional contra la Piratería que instituye dos ejes rectores que deben apuntalar la Política de Estado de mérito: el combate a la ilegalidad y la recuperación del mercado interno nacional. La coordinación interinstitucional de las dependencias federales para lograr, desde su esfera de competencia, la consecución de los ejes rectores de esa Política de Estado es requisito necesario para su eficacia.

La ejecución de los ejes de acción señalados deberá atender un mínimo de variables socioeconómicas que subyacen en el fenómeno de la piratería que es imposible soslayar: el bajo crecimiento de la economía nacional, el desempleo, el subempleo, el bajo poder adquisitivo deprimido de salarios y la pérdida del mercado interno de los sectores productivos. La atención eficaz a las variables socioeconómicas señaladas permitirá que la ejecución de los ejes de acción precisados sea socialmente incluyente, manteniendo la equidad y coordinación como principios rectores.

El combate a la ilegalidad es premisa fundamental para dotar de certeza al desarrollo de proyectos que permitan la recuperación del mercado y el crecimiento económico y presupone como principio básico el desarrollo de tareas de inteligencia eficaces que permitan desmantelar el crimen organizado relacionado con la piratería y sancionar a quienes participen en la misma, para lo cual se requiere un marco jurídico eficaz.

El combate a la ilegalidad rebasa el mero ejercicio de acciones legales y se extiende a la confirmación de nuestros valores cívicos fundamentales, como lo es el respeto a la ley y, en consecuencia, el respeto a los derechos de terceros, así como al derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial.

Al tiempo de combatir la ilegalidad deberá recuperarse el mercado interno perdido como consecuencia de la piratería, lo cual deberá incentivar la oferta de productos legalmente reconocidos que respondan a las...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR