Programa de Desarrollo Innovador 2013 - 2018
| Edición | Matutina |
| Emisor | Secretaría de Economía |
PROGRAMA de Desarrollo Innovador 2013 2018. Programa de Desarrollo Innovador 2013 - 2018
Marco Normativo
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional integral y sustentable, el cual dispone que el Estado garantizará que dicho desarrollo fortalezca la soberanía de la nación, su régimen democrático y que por medio de la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la misma Constitución, entendiendo para tales fines como competitividad al conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
Por su parte, el artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Para tal fin, la Ley facultará al Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.
El artículo 23 de la Ley de Planeación establece que los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo que se trate.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se elaboró el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, el cual prevé que México incremente y mejore su competitividad y nivel de inversión, propone mejorar el marco regulatorio aplicable; fortalecer el mercado interno y propiciar mejores condiciones para el consumidor; incrementar la productividad con una política innovadora de fomento a la industria, comercio y servicios; fomentar la innovación como impulsora del desarrollo económico; impulsar el emprendimiento y fortalecer el desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y los organismos del sector social de la economía, y consolidar la política de apertura comercial para promover la participación de México en la economía global, mediante el aprovechamiento y fomento de las oportunidades de negocio.
El Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 se emite con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 25 y 26, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, fracción III, 22 y 23 de la Ley de Planeación; Cuarto del Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 2013; el Lineamiento Noveno de los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicados en el DOF el 10 de junio de 2013, así como con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, apartado VIII, "Sistema Nacional de Planeación Democrática", el cual indica que es uno de los programas sectoriales que la administración pública deberá elaborar. Adicionalmente, en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia.
La Secretaría de Economía, como dependencia del Ejecutivo Federal, tiene su existencia y la base de su competencia de conformidad con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como son los artículos 25, 26, 90 y 131, entre otros, así como en lo previsto por el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para conducir las políticas generales en materia de industria, comercio exterior e interior, abasto y minería.
Norma y promueve el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, así como a los emprendedores, fomenta el comercio exterior y determina los requisitos para la importación y exportación de bienes y servicios, fomenta la constitución y organización del cooperativismo, el apoyo a las empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas de consumo, norma y registra la propiedad industrial y mercantil, promueve y organiza la investigación técnico-industrial, fomenta el aprovechamiento de los recursos minerales y lleva el catastro minero, además de regular las medidas de protección al consumidor, entre otras atribuciones.
El marco de actuación de esta dependencia tiene su sustento en un diverso marco normativo partiendo, por una parte, de diversos tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales en materia comercial y de inversión, de los que México forma parte, y por la otra, a través de diversas leyes, como son la de Comercio Exterior, de Bienes Nacionales, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Metrología y Normalización, para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Minera, de Competencia Económica, de Inversión Extranjera, de Protección al Consumidor, de Correduría Pública, de las Entidades Paraestatales, para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y otros ordenamientos cuyas disposiciones le impongan a la Secretaría de Economía y el sector coordinado su aplicación y vigilancia.
-
Diagnóstico
En los últimos 30 años, México ha experimentado una profunda transformación en su estructura productiva, como resultado de un proceso de apertura e integración a la economía internacional, que ha puesto a prueba la capacidad del sector productivo para adaptarse a un entorno caracterizado por factores como la productividad, competitividad, competencia económica, innovación, cadenas globales de valor, contenido nacional, mejora regulatoria, bloques comerciales y facilitación comercial, que habían estado ausentes o limitados en torno a una transición institucional lenta, de un modelo de economía cerrada a uno de apertura al mercado global.
De manera individual cada sector, empresa o región ha tenido que desplegar su propia estrategia para integrarse de la mejor manera a este cambio, de tal modo que pueda maximizar los beneficios de ello o minimizar los costos de ese proceso. Esto ha derivado en que dichas entidades económicas se hayan incorporado y asimilado (en distintos grados y orientaciones) a los cambios asociados de la integración de nuestro país a la economía internacional, generando diferencias que se dejan sentir en el mercado interno, tanto a nivel sectorial como regional.
Además del intercambio de bienes y servicios, la dinámica actual de la economía internacional ha intensificado la movilidad de los factores de producción, cuyos efectos permean más allá del ámbito nacional, por lo que ahora la competencia se da entre regiones y/o bloques económicos, más que entre países, para integrarse a través de las cadenas globales de valor (CGV).
Lo anterior hace imperativo implementar una política de fomento industrial que impulse un cambio estructural para cerrar las brechas (intersectoriales, interempresariales e interregionales) existentes en el mercado interno, generar un mayor valor agregado en los sectores productivos, impulsar la productividad y maximizar las ventajas derivadas del libre comercio.
I.1 La dinámica actual de la producción y el comercio internacional: las cadenas globales de valor
El proceso de globalización ha provocado que un mayor número de empresas, países y otros agentes estén cada vez más interrelacionados en la economía internacional, en la cual la producción, el comercio exterior y las inversiones, la innovación y el desarrollo tecnológico, se han ido estructurando en torno a las Cadenas Globales de Valor (CGV). Aunque parecieran algo novedoso en el escenario económico, en realidad las CGV comenzaron su desarrollo en la década de los años sesenta del siglo XX, siendo su tamaño, escala y complejidad los elementos nuevos que irrumpen desde principios de la primera década de este siglo.
Las CGV han modificado de manera significativa la forma en que la economía global opera, incrementando la interdependencia económica entre los países o regiones comerciales, en donde los crecientes flujos de importaciones de insumos intermedios implican que las economías nacionales carecen de la capacidad, por sí solas, de producir bienes y servicios exportables al resto del mundo, especializándose en alguna(s) actividad(es) o etapa(s) de las CGV.
Por ello, la competencia por integrarse a las CGV se ha desplazado de los países a las regiones, centrándose en actividades, fragmentos, procesos o funciones en lugar de industrias o productos específicos. "Lo que se hace" importa más que "lo que se exporta". La competitividad en este tipo de cadenas implica el fortalecimiento de los factores de producción que no son susceptibles a la circulación a través de las fronteras. De ahí la importancia del capital basado en el conocimiento y de la inversión en infraestructura de alta calidad. Aunado a ello, las CGV inducen a que los países integrantes de una determinada región no sólo comercien bienes finales, sino que compartan su producción debido a la propia fragmentación de los procesos productivos.
Lo anterior ha sucedido con la región del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), en donde Canadá, Estados Unidos y México tienen formalmente una integración económica, pero de facto ésta se ha ido transformando en una...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba