Diario Oficial de la Federación de 15/05/2018 (Contenido completo)

EdiciónMatutina
Tomo DCCLXXVI No. 11 Ciudad de México, martes 15 de mayo de 2018
CONTENIDO
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Energía
Secretaría de Economía
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Turismo
Centro Nacional de Control de Energía
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Banco de México
Convocatorias para Concursos de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios del Sector Público
Avisos
Indice en página 125
$24.00 EJEMPLAR
2 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 15 de mayo de 2018
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
CONVENIO de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco
del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el
Estado de Baja California.
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR
CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU TITULAR EL DR. JOSÉ LUIS FERNANDO STEIN VELASCO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN PARA LA
OPERACIÓN TERRITORIAL, A TRAVÉS DEL MTRO. EDUARDO LEAL HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y OPERACIÓN TERRITORIAL, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA EN TÉRMINOS
GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL, MTRO. MANUEL EMILIO GAMEROS
ESPONDA; Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, EN SU CARÁCTER DE BENEFICIARIO,
REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR, LIC. FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID; EL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, C.P. FRANCISCO RUEDA GÓMEZ; EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS,
MTRO. BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ; EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. ALFONSO ÁLVAREZ JUAN;
Y EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, LIC. GERARDO MANUEL SOSA OLACHEA; A QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
(en lo sucesivo la “CONSTITUCIÓN”), establece que la seguridad pública es una función a c argo de la
Federación, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los Estados y los municip ios, que
comprende entre otras, la prevención de los delitos para hacerla efectiva.
II. El artículo 134 de la “CONSTITUCIÓN”, dispone que los recursos económicos de que dispongan la
Federación y las entidades federativas, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
pública tiene, entre otros fines, salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos; en ese mismo sentido,
dispone que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral,
sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalid ad y a la
protección de las víctimas.
IV. El artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(en lo sucesivo “LEY GENERAL”) indica que la planeación, programación, implementación y evaluación de las
políticas públicas, programas y acciones, se realizará en los diversos ámbitos de competencia, observando los
siguientes principios: respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y
transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad,
proximidad, transparencia y rendición de cuentas.
V. En cumplimiento a la primera estrategia “Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, estrategia que demuestra la importancia de llevar a
cabo acciones para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, incrementando la c orresponsabilidad de la
ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias,
y que refiere a lo contenido en la primera meta nacional “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, y alineados al tercer objetivo “Mejorar las condiciones de seguridad pública”, mismo que atiende a
dos estrategias:
1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violenc ia y
la Delincuencia (PNPSVD), y
1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad; en
atención a la crisis de inseguridad, al crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los
delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas, así como en impartición de justicia
y ausencia de garantías en la protección de derechos humanos.
Martes 15 de mayo de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 3
Por su parte el Objetivo 2. “Mejorar las condiciones de seguridad y justicia” del Programa Sectorial de
Gobernación 2013-2018; cuenta y promueve seis líneas de acción:
2.4.1. Promover acciones de cultura de paz y de convivencia social,
2.4.2. Impulsar modelos para la negociación, mediación y resolución de conflictos en los ámbitos
comunitario y escolar,
2.4.3. Promover programas de cultura de legalidad y cultura ciudadana,
2.4.4. Promover esquemas de cercanía, confianza y proximidad entre las instituciones de segurida d y
prevención social con la sociedad,
2.4.5. Fortalecer la vinculación ciudadana con las instituciones de seguridad y justicia para la atención de
quejas y demandas y
2.4.6. Impulsar el establecimiento de mecanismos que consideren las especificidades culturales de los
pueblos indígenas en las prácticas jurídicas.
Todas ellas con contenidos preventivos para impulsar la reactivación de las comunidad es, para la
participación y la apropiación del espacio público, para promover la capacitación en modelos de mediación
comunitaria, para impulsar cursos de capacitación en las instituciones educativas y en los centros
comunitarios, para promover programas de reconciliación entre policía y sociedad que incidan en l a seguridad
de las comunidades, a través de capacitación, para fomentar procesos de contraloría social en las a cciones
de prevención de la violencia y la delincuencia implementadas en las demarcaciones territoriales y para
promover en mesas de trabajo, talleres y reuniones, los mecanismos de actuación en materia jurídica a los
que tienen derechos las personas, comunidades y pueblos indígenas;
“LEY DE PRESUPUESTO”), establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos
presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de
sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.
VII. El artículo 3, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018,
(en lo sucesivo “PEF 2018”) publicado en el Diario Oficial de la Feder ación el 29 de noviembre de 2017,
establece que los Anexos 14, 16 al 20 y 29 al 31 de este Decreto, comprenden los recursos para la atención
de grupos vulnerables; la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el desarrollo de los
jóvenes; la atención de niñas, niños y adolescentes; la prevención del delito, combate a las adicciones,
rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos; la prevención, detección y sanción de
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos p úblicos; la
conservación y mantenimiento carretero; subsidios para organismos descentralizados estatales,
y la distribución del programa hidráulico: subsidios para entidades federativas.
Por su parte el Anexo 19 del “PEF 2018” destina $300’000,000.00 (trescientos millones de pesos
00/100 M.N.), para el otorgamiento de apoyos en el marco del PRONAPRED.
VIII. Con fecha 29 de marzo de 2017, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los
“Lineamientos para la integración de los grupos colegiados que en cada entidad fe derativa supervisarán y
evaluarán los programas de prevención que sean financiados con recursos públicos”, los cuales tie nen por
objeto establecer las bases para la integración y el funcionamiento de los grupos colegiados de carácter civil y
académico que en cada entidad federativa supervisarán y evaluarán los programas de prevenció n social de la
violencia y la delincuencia financiados con recursos públicos; dichos grupos colegiados se denom inarán
Comisiones Ciudadanas de Evaluación y Apoyo a la prevención social de la violencia y la delincuencia.
IX. Con fecha 24 de enero de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el “ACUERDO por
el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco
del Programa Nacional de Prevención del Delito”, (en lo sucesivo, “ACUERDO”), cuyo objeto es establecer las
disposiciones para el otorgamiento, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los recursos federa les en el marco
del PRONAPRED.
DECLARACIONES
I. Declara “LA SECRETARÍA”, a través de sus representantes que:
I.1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 90 de la
“CONSTITUCIÓN”; y 1o., 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo 1 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB).
I.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracciones VIII, XII y XX de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, tiene entre otras atribuciones, conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; y formular y ejecutar las políticas, programas y
acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; así como la de
coadyuvar a la prevención del delito, proponer el desarrollo de p olíticas orientadas a prevenir el delito y
reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia r ecurrente o
generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales
y municipales.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR