Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido de la Revolución Democrática. (Continúa en la Quinta Sección) - 14 de Marzo de 2014 - DOF. Diario Oficial de la Federación - Legislación - VLEX 497506458

Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido de la Revolución Democrática. (Continúa en la Quinta Sección)

Edición:Matutina
Emisor:Instituto Federal Electoral
 
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RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido de la Revolución Democrática. (Continúa en la Quinta Sección) (Viene de la Tercera Sección)

  1. Fuerzas armadas

    La existencia de las fuerzas armadas es una exigencia de seguridad humana. Su tamaño, organización y recursos deben, por tanto, ser tales que puedan garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía nacional.

    En las últimas dos décadas, las fuerzas armadas se han modernizado en muchos aspectos pero en otros, de carácter vital, han permanecido estancadas. Su estructura orgánica, su legislación, y la calidad profesional de su personal, ya no son las que requieren las nuevas realidades del país.

    No son menores los vicios y problemas que hoy padecen las fuerzas armadas. Uno de ellos es el de las inadecuadas percepciones económicas de su personal, insuficientes en algunos de sus niveles y muy desiguales en otros. A los sueldos o remuneraciones básicas se añaden bonos, niveles, asignaciones o compensaciones de diversos tipos, las cuales, la mayoría de las veces se otorgan para asegurar la subordinación jerárquica e incondicional de los efectivos, no para premiar o estimular conductas y desempeños ejemplares. La designación de comisiones importantes se encuentra en manos casi exclusivamente de los secretarios de Defensa y Marina, lo que refuerza el centralismo y reproduce los vicios de control de personal.

    Se diseñará un plan de percepciones que homologue al personal de las fuerzas armadas. Se hará una revisión exhaustiva de los sueldos, así como del sistema de compensaciones y otro tipo de emolumentos tanto para el personal en activo como del retirado. Se modificará el sistema de ascensos y la asignación de comisiones, a fin de eliminar la discrecionalidad e imponer criterios profesionales. Se diseñará un plan orgánico de cuadros y efectivos, que defina el tamaño de cada una de las fuerzas y, conforme a ello, se establecerá el número y distribución de las plazas y cargos signados o por asignar.

    El Estado Mayor Presidencial es una dependencia militar que ha desvirtuado sus fines originales. Entre otros problemas, salta a la vista la discrecionalidad e ilegalidad con que se hace uso de su personal, pues algunos de sus miembros llegan a ser ocupados como ayudantes, guardaespaldas y sirvientes de funcionarios y sus familiares. Tampoco hay un claro control sobre el manejo y fin de su presupuesto. Resulta indispensable suprimirlo y sustituirlo por una ayudantía para el Presidente de la República.

    El Ejército tiene serios problemas de estructura. Para contar con unas fuerzas armadas funcionales y modernas, al servicio de la nación y su soberanía, se independizará la Fuerza Aérea del Ejército, pues ello es absolutamente necesario desde el punto de vista profesional. Separada del Ejército, la Fuerza Aérea elaborará programas óptimos de compras, mantenimiento del material de vuelo y entrenamiento.

    La formación militar ha sido descuidada. El Colegio Militar y otras escuelas de formación no han estado a la altura de las circunstancias para formar oficiales con una sólida base de principios morales, militares y profesionales. Se reestructurarán los programas de estudio de las escuelas militares y, en los casos del Heroico Colegio Militar y la Escuela Militar de Aviación, sus cursos se elevarán al nivel de licenciatura.

    Se revisará y reformará el sistema de impartición de justicia en las instituciones armadas, pues éste tiene graves distorsiones y vicios que son necesarios corregir.

    Se promoverán las modificaciones al Código de Justicia Militar, para eliminar el fuero militar y la competencia de los tribunales militares en el caso de delitos del fuero común y del fuero civil cometidos por integrantes de las fuerzas armadas en agravio de civiles a fin de que sean juzgados por los tribunales competentes de los poderes judiciales.

    La Secretaría de Defensa Nacional debe transformarse para agrupar a las tres fuerzas armadas, con una estructura comandada por un Estado Mayor conjunto o unificado, formado por los jefes del Estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y presidida por un jefe del Estado Mayor Conjunto. Los planes de operación, trabajo y desarrollo de las fuerzas armadas deberán actualizarse tomando en cuenta las nuevas realidades del país y los compromisos bilaterales fronterizos y multilaterales de la región, sin desvirtuar principios patrióticos y de resguardo de la integridad de la nación.

    Es de vital importancia actualizar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para darle a esas fuerzas estructura, funcionalidad y posibilidades de operación más acordes con las necesidades que plantea la realidad nacional; actualizar la Ley del Instituto del Seguro Social para las Fuerzas Armadas, para su eficaz y oportuna aplicación; y realizar cambios a la Ley de Ascensos y Recompensas.

    Impulsar la reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para establecer el mando civil del Ejército por medio de la Secretaría de la Defensa, cuyo titular, por ende, no será un militar.

    Las Fuerzas Armadas Mexicanas dejarán de participar en actividades que no son compatibles con sus funciones, tales como el combate al narcotráfico y de seguridad pública.

    El PRD rechaza categóricamente cualquier iniciativa que, violentando la constitución, pretenda legalizar la participación y control de las fuerzas armadas en situaciones de "afectación a la seguridad interior" ni acepta ninguna reforma o política pública que contribuyan a la criminalización de la lucha por las libertades, la democracia o la protesta social, ni seremos copartícipes de la construcción de un Estado autoritario con control militar.

  2. Comunicación democrática

    La construcción de una comunicación democrática debe tener como objetivo ampliar a todos los habitantes la libertad de expresión, el derecho a la información, el acceso a la tecnología de la información, cambiar las condiciones para el desarrollo y operación de los medios de comunicación y buscar un mayor equilibrio en los intercambios con los países desarrollados, en particular de los productos vinculados a la cultura y la educación.

    El papel que hoy desarrollan los medios de comunicación en la sociedad es fundamental. Son ellos las principales fuentes de información de la ciudadanía. El modelo de democracia radical que plantea el Partido de la Revolución Democrática requiere de profesionalismo, pluralidad y veracidad, pero sobre todo que sean instrumentos al servicio de la sociedad promotores de la cultura política.

    Mientras existan monopolios sobre la prensa, la televisión y la radio, no será posible que reflejen objetiva y de manera equilibrada las opiniones dentro de la sociedad y no podrá haber un debate libre sobre cuestiones de interés público. Frente al poder incontrolado que ostentan los medios, impulsaremos la educación y el entendimiento social para que las personas desarrollen el discernimiento de que son objeto de persuasión y propaganda y estén capacitadas para resistir a estas presiones. La pluralidad en los medios de comunicación implica establecimiento de criterios de equidad y proporcionalidad en el acceso a los medios por la diversidad de opiniones en la sociedad. El PRD considera impostergable la democratización de los medios de comunicación y se pronuncia por revertir la concentración, falta de pluralidad y restricciones a la libertad de expresión en la mayoría de los medios de comunicación.

    El Estado deberá asegurar la libertad de los usuarios de las telecomunicaciones y su protección frente al espionaje nacional y extranjero.

  3. Libertad de expresión

    Se establecerá en la legislación que la libertad de expresión implica el derecho a recibir y a emitir información y opiniones sin...

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