Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.
| Edición | Vespertina |
| Emisor | Secretaría de Gobernación |
PROGRAMA Nacional de Derechos Humanos 2020-2024. Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024
Secretaría de Gobernación
PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
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Índice
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Índice
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Fundamento normativo de elaboración del programa
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Siglas y acrónimos
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Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
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Análisis del estado actual
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Objetivos prioritarios
6.1. Relevancia del Objetivo prioritario 1: Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos
6.2. Relevancia del Objetivo prioritario 2: Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos
6.3. Relevancia del Objetivo prioritario 3: Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados
6.4. Relevancia del Objetivo prioritario 4: Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos
6.5. Relevancia del Objetivo prioritario 5: Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos
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Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
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Metas para el bienestar y Parámetros
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Epílogo: Visión hacia el futuro
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Lista de dependencias y entidades participantes
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Glosario
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Anexo. Instrumentos programáticos de la APF
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Fundamento normativo de elaboración del Programa
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 (PNDH) es un programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), cuya elaboración se enmarca en el Sistema de Planeación Democrática al que hace referencia el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo que señala el artículo 22 de la Ley de Planeación.
El Proyecto de Nación delineado en el PND plantea un nuevo pacto social y establece como objetivo superior del desarrollo nacional el bienestar general de la población, para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. En esta nueva etapa de la vida pública del país, los derechos humanos tienen un lugar preponderante, porque el Ejecutivo Federal reconoce que la transformación de la vida nacional pasa necesariamente por la transformación de las condiciones de vida de todas las personas y, en particular, de quienes históricamente han sido discriminadas y enfrentan condiciones de rezago y marginación.
En este sentido, el Estado debe cumplir con el mandato del artículo 1o. constitucional que establece que las autoridades tienen la obligación, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos(1). Igualmente, dicho precepto dispone que las autoridades deben observar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y deben establecer políticas y programas orientados a la realización de todos los derechos humanos para todas las personas.
Atendiendo a esta disposición, el PNDH fue elaborado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en atención a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que son las siguientes: vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar la promoción, protección y garantía de los derechos humanos y atender las recomendaciones de los organismos competentes en esta materia, y conducir las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros Poderes de la Unión, con las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los órganos constitucionales autónomos, así como con las organizaciones sociales y demás organizaciones de la sociedad civil.
De igual manera, el PNDH atiende el compromiso con la comunidad internacional de elaborar un plan nacional de acción, o documento rector, en el que se plasme la política nacional para mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos(2). En tal sentido, el PNDH tiene como objetivo desarrollar una política nacional rectora en materia de derechos humanos que brinde direccionalidad, articulación, consistencia y coherencia a la multiplicidad de programas, instituciones y presupuestos existentes en materia de derechos humanos, con el propósito de fortalecer su eficacia, cobertura y disponibilidad, y así comenzar a cerrar las amplias brechas de desigualdad existentes entre estratos y condiciones sociales, regiones geográficas, géneros y edades.
La responsabilidad de coordinar la elaboración, la publicación, la ejecución y el seguimiento de este Programa corresponde a la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, conforme a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
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Siglas y acrónimos
APF: Administración Pública Federal
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
DESCA: derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
FGR: Fiscalía General de la República
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LGBTTTIQ: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y queer
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OSC: organizaciones de la sociedad civil
OTPCID: otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
PNDH: Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
SNAV: Sistema Nacional de Atención a Víctimas
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Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
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Análisis del estado actual
Crisis de derechos humanos
La herencia más dolorosa que recibió la presente administración es la profunda crisis de derechos humanos que se vive en todo el país. Su naturaleza es histórica y sus expresiones más sensibles son la desigualdad, la pobreza, la violencia y la impunidad, así como los obstáculos y limitaciones que han enfrentado las víctimas para acceder, gozar y ejercer sus derechos humanos.
Los efectos de esta crisis se expresan en dos vertientes, que son: (i) la pobreza generalizada y las
extensas desigualdades sociales producto de la implementación irresponsable de políticas neoliberales, y (ii) la creciente inseguridad y violencia que han provocado un aumento desmedido en el número de víctimas, particularmente de violaciones graves de derechos humanos. Ambas vertientes de la crisis tienen su origen en políticas de Estado fallidas, un pasado de abandono institucional y el desmantelamiento de los órganos de Estado para beneficio de unos pocos.
Durante el periodo neoliberal, los gobiernos asumieron que mantener la estabilidad financiera y manejar de manera adecuada las variables macroeconómicas tendría como consecuencia una mejora en las condiciones de vida de la población; sin embargo, al olvidarse de las personas y su desarrollo, y sólo concentrarse en el crecimiento económico, se ampliaron profundamente las brechas de desigualdad, lo cual generó un claro debilitamiento del pacto social.
En consecuencia, tan sólo el 10% más rico de la población concentra 20.7 veces más ingreso que el 10% de la población más pobre(3). Estas diferencias en la concentración de ingreso tienen su origen en la captura del poder político por parte de las élites económicas. Mientras algunas de las personas más ricas en México consolidaron su riqueza por medio de concesiones y privatizaciones(4), 61 millones de personas no tienen el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas(5).
Un crecimiento económico excluyente, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y la discriminación de sectores poblacionales como parte del modelo de Estado neoliberal de las administraciones pasadas, dieron como resultado los 52.4 millones de personas (41.9% de la población) en situación de pobreza, de las cuales 9.3 millones se encuentran en situación de pobreza extrema y 43.1 millones en pobreza moderada(6).
Lo anterior aunado a políticas de seguridad para combatir al crimen organizado que ignoraron el carácter multidimensional del problema y privilegiaron el uso de la fuerza por encima de estrategias de inteligencia y de acciones que atendieran las causas estructurales de estos conflictos para restarle base social a la criminalidad. El objetivo central de la política instaurada a partir de 2007 consistió en eliminar a los líderes de las organizaciones criminales; no obstante, en lugar de conseguir su desmantelamiento, el resultado fue su fragmentación, lo que ocasionó un aumento generalizado de la violencia en gran parte del territorio del país(7).
La expresión más clara de la violencia se encuentra en el incremento del número de homicidios. De 2000 a 2018 se registraron 349,670 homicidios, de los cuales el 80% se concentró en el periodo de 2007 a...
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